Miguel Santaolalla Pérez

Responsable de voz: Eusebio Rodríguez Padilla

Autor: Juan Hidalgo

Datos personales y vicisitudes

Natural y vecino de Baza, 41 años (en 1939), casado, médico, director del Hospital de Baza durante el periodo de guerra[1]. Realizó las autopsias en Turón.

Formación académica

Licenciado en Medicina

Puestos y cargos desempeñados

Director del Hospital de Baza durante el periodo de guerra

Causas de la represión y/o exilio

Acusación y procesamiento

Fue encausado y procesado, y como muchas otras personas pasaron por varios jueces instructores, la mayoría fueron sustituidos por necesidades del servicio. El primer juez, Ramón Entrena Fernández, el 19 de abril de 1939 recibía las denuncias de tres médicos del Hospital de Baza, Juan Jiménez Vigil, Celso Ros García y José Velásquez de Castro y Tamayo, contra Miguel Santaolalla. La denuncia fue firmada por los tres.

La denuncia no decía sino cosas normales para la legalidad vigente, o sea, la republicana, aunque ellos no pensaran lo mismo. Entre otros decían los tres médicos: «… con 24 horas de antelación conocía con exactitud el asedio que se proyectaba al Cuartel de la Guardia Civil de Baza. Se erigió en jefe de todos los médicos. Cursó los correspondientes oficios ordenándoles, conjuntamente con el siniestro presidente del Comité de Huelga Revolucionaria, Cayo Santaolalla[2], hermano del denunciado, prestasen guardia permanente a partir de la ocho de la noche del 24 de julio de 1936 y madrugada del 25, en el Cuartel de la Guardia Civil, conminándolos a la rendición y entrega de las armas. Una vez asaltado el cuartel no quiso prestar asistencia sanitaria a un brigada de dicho cuartel, y una vez fallecido se opuso a la autopsia».

Desde ese momento Santaolalla, según la propia causa, ocupó todos los cargos directivos y responsabilidad que surgieron, tanto en la esfera civil, en la militar y en la sanitaria. Director del Hospital Municipal, de la Cruz Roja, secretario general del Sindicato Sanitario, miembro de la Casa del Pueblo, presidente del Sindicato Funcionarios Municipales, director del hospital militar de Baza y jefe de Sanidad de Baza. Cuando se le pidieron cuentas, en una comisión administrativa municipal, eludió hacerlo.

Según la denuncia, se rodeó de los más exaltados marxistas, tenientes Casado y Montes, Laureano Gil Vela, comisarios políticos, íntimo amigo del juez del Tribunal de Espionaje, Derrotismo y Alta Traición, Manuel Ramos Esteban, Pedro Pagés jefe de la CNT, Sebastián Pérez Fernández del Comité Central del Frente Popular. Tenía la confianza del Estado Mayor del 9º Cuerpo de Ejército, de la organización soviética SIM y de los comandantes militares de la plaza. Intervino, como único médico en las autopsias de Turón. Persiguió a todos los compañeros médicos de significación derechista de Baza, entre ellos a los que encabezan la denuncia, que fueron detenidos.

Se le incoó el procedimiento el 23 de abril de 1939, en Baza, por el juez Ramón Entrena Fernández. Los informes que recogió el juez fueron los clásicos, él de la alcaldía y el de la Guardia Civil, los más completos: «…pésimos antecedentes… director del Hospital Militar…estaba enterado del asalto al Cuartel de la Guardia Civil; el del párroco:…contando con la consideración y respeto de los marxistas; el del juez municipal:…servicios profesionales en el Hospital Militar de los rojos…funciones directivas…».

Ingresó en prisión el 27 de abril. El 9 de mayo la causa pasó al juez Manuel Rojo Ramos, haciendo comparecer a la Guardia Civil para esclarecer el asalto al Cuartel de la Guardia Civil de Baza. Al respecto el guardia civil Fernández de la Torre declaró: «… sabe que fue a solicitar la rendición…para evitar un derramamiento de sangre… elemento revolucionario…». Las de los demás guardias civiles estuvieron en la misma línea.

Declaraba por primera vez el encartado, Miguel Santaolalla, el 10 de mayo, manifestando que: «…sí fue al cuartel de la Guardia Civil fue para su rendición y evitar derramamiento de sangre». Continúa la declaración en los siguientes términos: “… el día veinticuatro fue requerido por un agente municipal para personarse en la Alcaldía…el alcalde le ordenó en unión del juez de Instancia e Instrucción, del secretario del ayuntamiento y del que expone, lo acompañaran al Cuartel de la Guardia Civil, sin exponerle nada más que el objeto de la visita era intimidar a las fuerzas para que se marcharan y evitaran un día de luto en esta ciudad…».

Se presentaron en el cuartel de forma violenta ante el jefe del puesto, el teniente Martínez, y que si le sugirieron que los acompañara sería porque era el médico de la Guardia Civil y debería gozar de la confianza de los guardias civiles. Ante estas peticiones contestaron éstos: «…que sólo recibían órdenes de sus superiores y aquellas que les dictaba su honor».

Al día siguiente fue requerido por la Guardia Civil, pues el teniente estaba gravemente herido, encontrándolo en estado preagónico, se le hizo una cura pero falleció. No se le hizo la autopsia por orden del brigada de Carabineros, Adrián Muñoz, que se erigió en comandante militar de la plaza.

En septiembre de 1937 fue nombrado director del Hospital Militar. Se le asimiló a capitán, pero no fue jefe de sanidad aunque si director del Hospital Municipal y él de la Cruz Roja, además de secretario general del Sindicato Sanitario de Funcionarios Municipales, aunque renunció a este cargo por apartarse de las relaciones con los comités y ayuntamientos.

Fue designado en 1937, por el jefe de Sanidad de esta plaza del Ejército de Andalucía, José de la Vega Talín, para que en unión de otro médico Pío Fernández fueran a Turón a practicar una autopsia, con el fin de aclarar que hechos o asesinatos se habían cometido al objeto de exigir las responsabilidades consiguientes a sus autores. Fue acompañado de un Juzgado Militar para la práctica de estas diligencias, aclarando que él pidió voluntariamente este servicio porque sabía que amigos y familiares suyos habían sido víctimas de las hordas revolucionarias. Sobre estas autopsias declaraba que: «…practicó treinta y ocho exhumaciones. Habló con las personas allí detenidas. Emitió en consecuencia el informe que entregó al juez militar, en sentido condenatorio por la claridad de los hechos, originando como resultado de dicho dictamen el encarcelamiento del jefe del XXIII Cuerpo de Ejército coronel Galán y destitución de todo el Estado Mayor que le acompañaba, por probarse que era autor de todos los asesinatos que allí se habían cometido».

Esta misión le produjo serios disgustos, pues recordaba como la casa en donde se encontraban alojados fue sitiada, teniendo que marchar al día siguiente con dirección a Ugíjar, lugar donde se encontraba un alto jefe militar a exponerle la persecución de que había sido objeto y el mal estado en que se encontraban los presos, consiguiendo que éstos fueran trasladados a Albatera (Alicante).

Por último manifestó que: «…él no persiguió a los tres médicos que lo denunciaban, decía tener varios testigos que le podían avalar lo expuesto».

Los testigos que avalaron las palabras de Miguel Santaolalla, fueron un comerciante[3], un farmacéutico[4] y una religiosa, manifestando ésta última que: «…las dejaba decir misa a pesar de su prohibición; los otros dos lo califican de…persona de orden».

Un guardia civil relataba como varios milicianos les iban: «…a dar el paseíllo…», a él y a tres más, y gracias a este médico se evitó. Sin embargo los informes del alcalde, Guardia Civil y del párroco, así como de tres guardias civiles, iban en contra el inculpado.

El informe de FET de las JONS se desmarcaba de los anteriores informando que Miguel Santaolalla: «…con anterioridad al Movimiento, fue persona de franca significación derechista». Formó parte de una comisión que se organizó en vísperas de las elecciones de febrero del 36, para examinar las probabilidades de triunfo de la candidatura de derechas. Quiso que las fuerzas de la Guardia Civil se trasladaran a la comandancia de Murcia antes de comenzar al asedio del cuartel. Por parte de esta delegación no se sabía que hubiera tenido contacto con organismos del Frente Popular, excepto los de su cargo.

El juez Manuel Rojo Ramos adoptó una actitud condenatoria en el auto de procesamiento, prevaleciendo la idea de culpabilidad en todos los hechos expuestos, aunque estos no fueran indiciarios de penalidad o criminalidad. Empezaba diciendo que acogiéndose a su condición de facultativo de la Guardia Civil, no haciendo honor a su historia, se sumó a las actividades revolucionarias que adoptaban las hordas marxistas. Quiso que entregaran las armas con el pretexto «… de que no harían un día de luto…», sin conseguir sus propósitos. Gozó desde el primer momento con la confianza y ayuda de todos los que han ejercido dominio durante el periodo marxista. El auto de procesamiento desvirtuaba todo lo declarado, y se consideró incurso de un delito de rebelión. Se le declaró procesado según el artículo 421 y se le dictaminaba la prisión preventiva según los artículos 471 y 653 del CJM.

La causa pasó al juez Juan Antonio Aragón Cruz, dando comienzo una serie de declaraciones a favor del procesado, derivando de éstas su carácter de persona de orden. En síntesis obraban del siguiente modo:

Un vigilante de caminos… intachable conducta….

Tres religiosas… persona de orden y afecto a la causa nacionalista….

Las religiosas Mercedarias de servicio en el Hospital Santiago de Baza: …ayudó al teniente y otros guardias civiles en el asalto del cuartel de la Guardia Civil así como a otros del puesto de Baúl.

Un miembro de Falange: …defendió a las religiosas, estando expuesto a las persecuciones que se hacían a los elementos de la quinta columna…cobijó y retuvo como enfermos a elementos tildados de fascistas….

El comandante Rafael Miranda Dávalos: …agradece la ayuda que tuvo su mujer por parte de Miguel Santaolalla en Guadix….

Afectos al MN, Sindicato de Trabajadores del Hospital Militar de Baza: …protección a los sanitarios y a los detenidos militares…fomentó el Socorro Blanco…estaba organizando en el hospital la Escuadra de Falange Española XB16….

El jefe local de FET de las JONS de Cúllar Baza refería la ayuda que recibió de todas las maneras posibles.

Después aparecen gran cantidad de firmas, más de cincuenta, con sellos de comercios, encabezando una declaración a favor del encartado, en el sentido de ser una persona de orden.

Un sacerdote[5] de la prisión de Turón: …gracias a su intercesión salvó su vida al conseguir que fuera evacuado al Hospital de Berja….

José Gómez Campana, doctor en medicina de Almería…fue protegido en el hospital sin enfermedad ninguna.

Otros como una viuda[6], un odontólogo, etc., van en el mismo sentido.

Se interrogó al que fuera comandante militar de Baza cuando el asalto del cuartel, manifestando: …que él no dio orden de no hacer la autopsia al teniente de la Guardia Civil muerto en el Hospital Militar después del asalto.

Un soldado sanitario relató las exhumaciones y autopsias en Turón y como se enfrentó con los militares destinados allí porque no querían que se hicieran.

Son muy interesantes las declaraciones del industrial almeriense Diego Villegas Martín[7], sobre la actuación del procesado Miguel Santaolalla, en la exhumación de cadáveres de personas de derechas asesinadas por los rojos en Turón. Manifestaba que el citado médico, Presidente del Tribunal Médico, compuesto, además por dos tenientes y dos auxiliares, llegaron al pueblo sobre el 15 de junio de 1938: «… empezaron sus actuaciones protegidos por caretas de gases asfixiantes, auxiliado por las personas de derechas allí detenidas, sin que en la tarea de limpiar y desnudar a los cadáveres fueran protegidos por las referidas caretas. Exhumaron treinta y nueve cadáveres de unos ochenta y nueve que había, sin hacerlo en su totalidad, según cree el declarante debido al fuerte hedor que despedían los cadáveres. Estos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Turón. Uno de los practicantes, que intervinieron en la exhumación, al reconocer un cadáver dijo que… parecía asesinado por verle signos marcados de los disparos…contestándole el médico…que no dijera eso.

Otro testigo hablaba de ochenta restos humanos de los que fueron exhumados cuarenta y dos. Se marcharon por la repugnancia que les producía el hedor. Fueron enterrados en fosa común, por los prisioneros de derechas.

Eduardo Vela y Sales, juez del término municipal de Turón, presente en las exhumaciones de Turón, fue él que propuso que viniese Miguel Santaolalla, debido al trato que sufrían los presos allí destacados. Llevó a cabo las gestiones, que entonces se podían llevar a cabo, que trajeron como consecuencia la disolución del Destacamento de Presos Políticos y más tarde el procesamiento de personas tan desgraciadamente célebres como el coronel José María Galán, teniente coronel Forés, comandante Bárcena[8] y un sinnúmero de oficiales, clases y soldados. La labor del citado Miguel Santaolalla fue conforme a justicia de absoluta imparcialidad.

Vuelven a declarar los tres médicos, autores de la primera denuncia, que continuaban en la misma línea de acusaciones sobre el procesado. Sin embargo Antonio González Carrillo, y su hermano Miguel, médicos, afirmaban que había protegido a personas de derechas.

El 7 de noviembre de 1939 se volvía a cambiar al juez instructor, esta vez le tocó el turno a Manuel Gómez García.

Desde la prisión de Baza, el 31 de diciembre de ese mismo año, volvió a declarar el encartado, defendiéndose de todas las acusaciones vertidas contra él.

En tres declaraciones de un enfermero, una enfermera en prácticas y una religiosa, pusieron de manifiesto que atendieron debidamente al teniente herido, por el facultativo Miguel González Carrillo, luego murió.

Miguel Santaolalla estuvo en arresto domiciliario desde el día 13 de marzo de 1940. El 18 de marzo otro juez, el teniente Alfonso R. Pérez Garzón, vuelve a repetir las declaraciones de muchos de los testigos, así como careos.

En un Acta Notarial aparecía dando fe el primer teniente alcalde de Pozo Alcón (Jaén), un agente de milicias secreto de Falange y un soldado de víveres del hospital militar, de que el encausado hizo lo que pudo por el médico Celso Ros, antes de que fuera detenido. Éste a su vez fue denunciado por Adolfo Barba, ya que su mujer mantenía relaciones con Laureano Gil Vela; le pidió un abortivo, pero Ros la mandó a Murcia a dar a luz; Barba lo acusó de rojo.

Por enésima vez se cambia de juez instructor, esta vez sería Rafael Corpas Luna, que hacía un resumen de lo acontecido, el 2 de octubre de 1940. El fiscal Pedro Segura Lacomba presentaba sus conclusiones el 24 de marzo. El defensor capitán Fernando López Nebrera, no hacía o no decía nada, el mismo día que se le hace al procesado la lectura de cargos, el 19 de mayo.

El Consejo de Guerra estuvo formado por el presidente comandante Andrés Peñuela Fernández; vocal ponente Enrique Amat Casado; vocales: Francisco Sáez Pérez, José Pertíñez Ramos y Diego Espigares Martín.

Ejecución de la sentencia

La sentencia se produjo el 29 de mayo de 1941, tomando lo más interesante de ella, en el resultando: «…que de todos los hechos recogidos en la sumaria únicamente se prueba difícilmente que el encartado ha ejercido el empleo de asimilado a capitán médico en la zona roja. Su labor fue beneficiosa a las personas de orden y particularmente a las religiosas. Fallo: absuelto».

Se constata que estuvo en la cárcel desde el 5 de marzo de 1939 hasta julio de 1941.

Las acusaciones tuvieron poco respaldo, mientras que los testigos a favor del encausado son incontables, además de ser éstos de personas de derechas, religiosas, miembros de Falange, compañeros, etc. Además se deja traslucir en sus declaraciones la inteligencia de sus planteamientos. Podemos afirmar que lo que más pesaba era los cargos para los que fue nombrado por el Comité Revolucionario, y ser hermano de un cabecilla rojo, Cayo Santaolalla, capitán del SIM.

Fuentes de archivo